En el sur de Córdoba, donde el cobre del proyecto El Alacrán duerme bajo la tierra de Puerto Libertador, acaba de ocurrir algo que pocos departamentos mineros del país han logrado: la formalización simultánea de mil personas que durante años ejercieron la minería artesanal. No es un anuncio ni una promesa.
Es un subcontrato firmado, con nombres y familias detrás, que transforma de raíz la relación entre la minería industrial y las comunidades que han vivido de ella por generaciones.
El logro es resultado de una alianza estratégica entre tres actores clave: la Gobernación de Córdoba, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Minerales Córdoba, titular del proyecto cuprífero. La articulación institucional permitió diseñar una ruta de formalización que no desplaza al minero tradicional sino que lo integra como parte del encadenamiento productivo formal, con condiciones laborales dignas, acceso a seguridad social y cumplimiento de estándares ambientales.
Para Córdoba, el impacto económico es considerable. Mil trabajadores formalizados significan ingresos declarados, aportes al sistema de salud y pensión, y una reducción directa de la economía informal en uno de los municipios históricamente más golpeados por la pobreza y el conflicto armado.
«Hoy nace una esperanza para nosotros», resumió Nohemí de Aguas, minera tradicional del proyecto, poniendo en palabras lo que las cifras apenas alcanzan a describir: que la formalización minera, cuando se hace con acompañamiento real, no solo ordena un sector sino que cambia vidas.
El proyecto El Alacrán no es solo una apuesta por el cobre. Es, hoy, la apuesta más concreta de Córdoba por un desarrollo económico territorial con rostro humano.
