Una década tuvo que esperar la comunidad indígena Zenú asentada en San Antero, Córdoba, para materializar el sueño de contar con un título de formalización de su territorio: poder constituirse como resguardo Nuevo Porvenir.
La Agencia Nacional de Tierras—ANT— adelantó el debido proceso administrativo para lograr la constitución. Con la entrega del título de formalización, ahora pasa de cabildo a resguardo indígena, hecho que consolida la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como parte de las acciones enmarcadas en el desarrollo de la Reforma Agraria.
“Los años de lucha y resistencia que tuvo que dar la comunidad hoy se materializan con la constitución del resguardo, lo cual nos compromete a preservar las costumbres, la cultura, los saberes ancestrales de la tradición oral, y a hacer escuchar las voces de la población”, afirmó la cacica del resguardo indígena Nuevo Porvenir, Enadis Bello.
Son 30 hectáreas de tierra que benefician a 286 familias indígenas, que ahora cuentan con seguridad jurídica para desarrollar sus procesos ancestrales y de producción agrícola, que aporten el mejoramiento de su calidad de vida.
“Este es un trabajo que les dignifica y lleva justicia social a los territorios, al contribuir a la transformación de las desigualdades históricas del campo y a la consolidación de un modelo de desarrollo rural más justo, equitativo y sostenible”, aseguró la coordinadora de la ANT en Córdoba, Kely Aguilera Torres.
Otros avances para comunidades étnicas
Esta acción de la Agencia se suma a las que ya hizo, meses atrás, en los municipios cordobeses de Ayapel y San José de Uré, donde favoreció a 234 familias.
Para el caso de Ayapel, la entidad hizo la titulación colectiva del consejo comunitario Reconafrovic (de 11 hectáreas), beneficiando a 161 familias afro. Esto les ha facilitado el autoabastecimiento alimentario, de conformidad con sus prácticas tradicionales de producción.
En San José de Uré, constituyó el resguardo indígena de la comunidad La Libertad (son 46 hectáreas que componen dos predios), beneficiando así a 73 familias.
Reconocer y garantizar los derechos colectivos, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los territorios también es parte del deber misional de la Agencia Nacional de Tierras.
De esta manera, el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego sigue cumpliéndoles a las poblaciones étnicas, haciendo justicia social al darles las tierras que necesitan para vivir y alimentarse, respetándoles sus tradiciones ancestrales.
