En un fallo histórico y unánime, la Corte Constitucional de Colombia dio un giro definitivo a la justicia rural del país al resolver la demanda interpuesta por Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), contra la fase judicial del procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017.
Con una votación de 9-0, el alto tribunal emitió dos órdenes de alto impacto. La primera: el Consejo Superior de la Judicatura deberá adelantar todas las gestiones necesarias para crear e implementar de manera progresiva los juzgados y tribunales agrarios y rurales a partir del año 2027. La segunda: un llamado urgente al Congreso de la República para que apruebe la ley ordinaria que materialice el funcionamiento pleno de esta jurisdicción, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023.
«La Corte le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del próximo año, la Jurisdicción Agraria, con o sin apoyo del Congreso», declaró Harman tras conocerse el fallo, calificándolo como el fin de la larga espera de campesinos y campesinas por tener acceso a una justicia cercana y especializada en conflictos de tierras.
La decisión refuerza el principio del juez especializado en asuntos rurales, fortalece la seguridad jurídica en el campo y sienta las bases institucionales para resolver de fondo las disputas históricas por la tierra en Colombia.
El fallo respalda la Reforma Agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro y representa un avance concreto hacia el cierre de brechas en el acceso y uso de la tierra para campesinos, víctimas del conflicto, firmantes de paz y comunidades étnicas.
