La Agencia Nacional de Tierras (ANT) rechazó de manera categórica la escalada de hechos violentos que ha sufrido el campesinado colombiano durante la última semana y advirtió que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de intimidación y persecución dirigido contra las comunidades beneficiarias de la Reforma Agraria.
Según la entidad, el recrudecimiento de los ataques responde a una estrategia deliberada de actores criminales y particulares que buscan frenar, por la vía de la violencia, los avances del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
La Agencia señaló cuatro hechos recientes. En la madrugada del 25 de junio, en la vereda Nare de Puerto López (Meta), hombres armados irrumpieron en la vivienda de una familia campesina del predio La Primavera, la agredieron físicamente —incluida una menor de edad—, quemaron sus pertenencias y destruyeron sus medios de subsistencia. En la Hacienda La Palmira (Córdoba), recuperada por la ANT en 2025, los beneficiarios recibieron amenazas de muerte. También fueron amenazados integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, y un contratista de la Agencia en Antioquia, presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Estos hechos se suman al asesinato del campesino Alfredo Vasco, en el predio La Regina (Valle del Cauca), y al de la lideresa indígena Omaira Pancho, ocurrido el 22 de junio en Inzá (Cauca).
La ANT hizo un llamado urgente a la Fiscalía, la fuerza pública y el Ministerio Público para que investiguen los hechos, identifiquen a los responsables y protejan a las comunidades en riesgo. La entidad expresó su solidaridad con las víctimas y reiteró que la Reforma Agraria, garantía del derecho a una vida digna y a la soberanía alimentaria, no se detendrá.
