Córdoba escribe una nueva historia sobre su tierra. Predios que durante décadas sirvieron al narcotráfico y al paramilitarismo hoy empiezan a producir vida campesina. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó 44 predios —cerca de 1.000 hectáreas— en los municipios de Valencia, Cereté y Montería, y los destinó a comunidades rurales que por más de 30 años labraron esos suelos sin tener acceso a su propiedad.
En Cereté, el sector Villa Fátima concentra uno de los cambios más significativos: tres predios que sumaron 256 hectáreas, ligados a los narcotraficantes alias Fritanga y Don Mario, serán entregados a organizaciones campesinas y pescadoras de la Ciénaga de Corralito para que los conviertan en fuente de sustento y arraigo.
En Montería, el predio Villa Inés —26 hectáreas que pertenecieron al exparamilitar alias San Tropel, condenado por la masacre de Pueblo Bello— y otro bien vinculado al excongresista Otto Bula pasaron a manos de comunidades campesinas e indígenas Zenú que ya planean su uso productivo y cultural.
«Estas tierras se ponen al servicio de la Reforma Agraria y de las comunidades históricamente excluidas», afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.
La transformación del campo cordobés no es solo un acto jurídico: es la apuesta del Gobierno nacional por convertir el despojo del pasado en el motor productivo del futuro campesino.
