La Empresa URRÁ S.A. E.S.P. ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las recientes informaciones imprecisas y verdades a medias que han circulado en los medios de comunicación, afectando injustamente la reputación de la compañía y la confianza de la ciudadanía.
En el comunicado, URRÁ aclara que no tuvo detrimento patrimonial en la vigencia 2024 por la aplicación del Estatuto de Situación de Riesgo de Desabastecimiento (ESRD), como lo corrobora el informe fiscal de la Contraloría de ese año, que revisó los procedimientos comerciales, los rendimientos económicos y la operación de la Empresa, sin encontrar hallazgos de responsabilidad fiscal.
La empresa explica que la situación hidrológica de su embalse durante la aplicación del ESRD era contraria a la sequía que afrontaba el resto del país, superando los niveles máximos permitidos y con riesgo de rebosamiento. Por lo tanto, URRÁ buscaba proteger a los usuarios ofertando precios que reflejaran las condiciones reales de su embalse, evitando así sanciones por especulación de precios.
Aunque la Contraloría General de la Nación notificó un posible hallazgo de detrimento patrimonial, URRÁ afirma que la misma entidad auditó la gestión de la empresa en 2024, desvirtuando dicho detrimento. Además, la empresa solicitó informes técnicos internos que confirmaron que no se incurrió en una práctica indebida frente a las regulaciones del mercado de energía.
URRÁ asegura que la Junta Directiva, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Minas y Energía tuvieron conocimiento de la aplicación del ESRD, y que los organismos de control recibieron la información pertinente sin encontrar hallazgos.
La empresa rechaza los comentarios sobre una supuesta falta de estrategia por parte de la Gerencia de Comercialización, reiterando que los precios ofertados se dieron según los parámetros indicados, evitando la especulación y el rebose del embalse.
Por último, URRÁ reafirma su compromiso absoluto con la transparencia y la responsabilidad en todas sus actuaciones, asegurando que opera con rigurosidad frente al marco regulatorio vigente y en concordancia con los lineamientos de política pública definidos por el Gobierno Nacional, priorizando el interés general, la sostenibilidad energética y el uso responsable de los recursos públicos.Reintentar
