El Gobierno de Gustavo Petro presentaría este 20 de julio, inicio de la segunda legislatura, un proyecto que modificaría la Ley de Justicia y Paz y aumentaría los beneficios para los jefes de grupos ilegales.
De acuerdo con lo revelado por el periódico El Tiempo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, está ajustando los detalles de esa reforma a la ley creada en 2005 para la desmovilización de grupos paramilitares, buscando abrir espacio a narcotraficantes y cabecillas que tendrían solo condenas entre cinco y ocho años y quedarían libres si cumplen ciertas condiciones.
«La entrega de armas y bienes ilegales, la liberación de los menores reclutados y secuestrados, el fin de cualquier actividad ilegal, la participación en proyectos de ‘transformación territorial’ y una certificación de buena conducta y compromiso expedida por la oficina del Alto Comisionado para la Paz», serían alguno de esos requisitos según El Tiempo.
El proyecto también implicaría que los hechos delictivos evaluados se hayan cometido antes del 31 de diciembre y la suspensión de extradiciones, tema que ya viene anticipando Montenegro pese a las preocupaciones de Estados Unidos.
Así mismo, que parte de los bienes y recursos que entreguen los victimarios sean destinados a procesos de reincorporación y otra parte a reparación de víctimas y proyectos del Estado.
Según lo revelado por El Tiempo, el proyecto tendrá una nueva evaluación este viernes para revisar los cuestionamientos que ya ha recibido por diferentes sectores.
