La Contraloría General de la República denunció que, a más de dos años del deslizamiento de tierra ocurrido en Piojó (Atlántico) el 22 de noviembre de 2022, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no ha ofrecido soluciones para 150 familias damnificadas.
Durante una visita de seguimiento realizada el 21 de marzo de 2025, el Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo constató la ausencia de avances en la reconstrucción del casco urbano y la falta de compromiso de la UNGRD, cuyos representantes nuevamente estuvieron ausentes en la mesa de trabajo presencial.
«Luego de dos años, la comunidad sigue esperando su vivienda, y además no se están dando los subsidios», señaló Zuluaga, quien calificó como «un error craso» la posible suspensión de los auxilios de arrendamiento que reciben los damnificados.
La Contraloría estableció tres compromisos con funcionarios de la UNGRD que participaron virtualmente. Primero, entregar el estudio técnico que determine si las familias pueden retornar a la zona del desastre o requieren reasentamiento. Segundo, justificar jurídicamente por qué algunas familias están a punto de perder el subsidio de arrendamiento cuando «la condición de damnificado solo se pierde cuando hay una reparación integral». Tercero, presentar un Plan Integral de Intervención con fechas precisas.
El Vicecontralor criticó el desinterés mostrado por la UNGRD para resolver la problemática de forma ordenada. «Estas situaciones ameritan la presencia institucional con soluciones concretas, en reconocimiento de la condición de vulnerabilidad manifiesta», concluyó Zuluaga, quien insistió en la necesidad de restablecer condiciones de vida digna para los 230 damnificados.
