La empresa que presta servicios de energía a más de 1.8 millones de usuarios en el Caribe colombiano enfrenta una deuda gubernamental que supera los $2.3 billones.
El programa de monitoreo, que involucra inspecciones sorpresivas y aleatorias, abarca desde redes de acueducto hasta establecimientos comerciales de alimentos.
Adicionalmente, por seguridad, serán demolidas cerca de siete viviendas ubicadas en la parte superior, lo cual será reforzado con trabajos estructurales de cepillado.
