El Gobierno Nacional llevó al Congreso un proyecto de ajuste presupuestal que concentra recursos en dos de las emergencias económicas más sensibles del país: la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de agosto y el riesgo financiero del sistema eléctrico en el Caribe.
La iniciativa contempla un traslado de $1,2 billones hacia la Superintendencia de Servicios Públicos. De ese monto, $750.000 millones provendrían del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Los recursos se utilizarían de manera temporal para atender obligaciones asociadas a Air-e frente a los generadores de energía.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha señalado que la operación no constituye un rescate de la empresa, sino una medida orientada a reducir riesgos sobre la prestación del servicio eléctrico en medio de las presiones que enfrenta el sistema.
El proyecto también contempla una adición de $2,7 billones al Fondo Milagro, creado para financiar la reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Los recursos dependerían, entre otras fuentes, del recaudo asociado a obligaciones en mora y mecanismos de conciliación.
La discusión tiene especial impacto para la región Caribe, donde la situación financiera del sector eléctrico continúa siendo uno de los principales retos económicos y sociales.
El proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso. Su aprobación definiría el traslado efectivo de los recursos y abriría una nueva etapa en la financiación de las dos contingencias.