Desde Cereté, Córdoba, el presidente Gustavo Petro firmó este viernes la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una normativa que el Gobierno califica como un hito en la historia del campo colombiano. Con la sanción de esta ley, el país contará por primera vez con jueces y magistrados especializados en derecho agrario y ambiental, dedicados exclusivamente a resolver los conflictos por la tierra que históricamente han alimentado la violencia rural.
La nueva legislación también contempla la figura de facilitadores agrarios, profesionales que orientarán de forma gratuita a campesinos e indígenas durante los procesos judiciales. La atención será prioritaria en los territorios PDET, donde el conflicto armado ha dejado heridas más profundas.
«No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la Reforma Agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado», declaró Petro ante miles de asistentes en el acto oficial.
En paralelo al acto de sanción, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la entrega de 3.600 hectáreas a más de 1.000 familias cordobesas afectadas por las inundaciones. Los predios, distribuidos en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, pertenecían en su mayoría a bienes incautados a exparamilitares y excongresistas condenados por parapolítica.
El Gobierno también informó avances en la recuperación del sistema hídrico del departamento: cuadrillas del Ejército Nacional, junto con la Corporación CVS, derribaron jarillones ilegales en el Humedal Berlín de Montería que agravaron las inundaciones al obstruir el flujo natural del agua. La próxima intervención será en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca consolidar la Reforma Agraria como eje central de su agenda de paz territorial y justicia social en el campo colombiano.
