La Contraloría General de la República reveló una preocupante falta de coordinación entre entidades gubernamentales, tanto a nivel nacional como territorial, y las comunidades indígenas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.
La sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional con respecto a los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuú, incluyendo la alimentación y la salud.
El informe entregado por el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República destaca la ausencia de recursos específicos para atender las órdenes contenidas en la sentencia, a pesar de las inversiones realizadas. Además, se evidencia una falta de articulación entre las entidades, lo que se refleja de manera trágica en el caso de los niños Wayuú.
De los 265 niños fallecidos por desnutrición entre 2019 y 2022, 95 estaban vinculados a programas del ICBF, y su estado de desnutrición no fue detectado a tiempo.
La actuación especial de la Contraloría revela que las entidades gubernamentales ejecutan programas y proyectos sin compartir resultados ni comunicarse adecuadamente, lo que impide una atención integral a la desnutrición infantil.
Es alarmante que cuando se identifica a un niño por desnutrición en el ICBF, esta información no se comparte con otras entidades interesadas, como las EPS y el Ministerio de Salud, lo que dificulta la adopción de esfuerzos mancomunados para abordar la desnutrición infantil de manera efectiva y coordinada.
La Contraloría Delegada para el Sector Salud determinó un incumplimiento de la meta de casos de muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años de la población Wayuu. La tasa de mortalidad en Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por cada 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 y 2022, superando los promedios nacional y departamental.